Julia Ardón

NICARAGUA:

Siempre que recuerdo la historia del novelista húngaro Sandor Marais, me parece acercar los pies al abismo. El gobierno estalinista de su patria prohibió la circulación de sus libros, y tampoco pudo ya publicar nada ni en los periódicos ni en las revistas, lo que significaba cortarle de un tajo certero la lengua, y dejarlo mudo. Mudo y en el vacío, escribiendo para sí mismo, en la soledad, sin que sus palabras pudieran alcanzar ningún eco, además de que se encontraba ya encerrado dentro de su propio idioma, el húngaro, que nadie entendía más allá de las fronteras, un doble círculo de asilamiento, una doble reja. Entonces se fue al exilio, y sus libros, hoy traducidos a todos los idiomas y admirados universalmente, no se conocieron sino después de su trágica muerte en Estados Unidos.

He pensado otra vez en el infortunio de Sandor Marais, ahora que el Gobierno de Nicaragua ha prohibido un prólogo mío a una antología de Carlos Martínez Rivas, el gran poeta nicaragüense tan desconocido, muerto hace diez años, que el diario El País de Madrid iba a publicar en un libro de edición masiva como parte de la serie de antologías de poetas hispanoamericanos que dirige José Manuel Caballero Bonald. Esta prohibición, que se basa en el hecho de que el Gobierno de Nicaragua alega ser dueño de los derechos de autor de Martínez Rivas, fue rechazada tanto por El País como por Caballero Bonald, quien ha calificado el veto como un acto de venganza política. Por tanto, el libro ya no será publicado.

Cuando Juan Cruz, periodista de El País, me enteró del caso en Guadalajara, donde yo asistía a la Feria Internacional del Libro para presentar mi última novela, El cielo llora por mí, sentí que mis pies rondaban el abismo de Sandor Marais. No importa el tamaño o la majestad del estalinismo. Puede ser un estalinismo de bolsillo, o un estalinismo tropical, o folclórico, en el que abundan los altares enflorados y los hechiceros de feria; pero si se trata de prohibir que la obra de un escritor se lea, las consecuencias son las mismas, y yo siento la lengua muy cerca del cuchillo que quiere cortármela.

Cuando Juan Cruz me pidió mi reacción, en lugar de responderle verbalmente preferí escribirle en una tarjeta lo que sentía, como quien satisface la necesidad de dejar constancia. Sentía, y siento, que la prohibición de que mi prólogo se publicara no era más que un comienzo, y que pronto, es una probabilidad cierta, se prohibiría también la circulación de mis libros en Nicaragua. ¿Debo esperar otra cosa?

Porque no se trata de un acto burocrático aislado, decidido por unos funcionarios de segunda, sino parte de toda una concepción del ejercicio del poder presidencial que no deja resquicios de disidencia, y que no admite crítica de ninguna especie, porque la tolerancia no es parte de los valores que inspiran sus actos. A quienes protestan en las calles porque reclaman frente al fraude electoral practicado con todo descaro en las elecciones del pasado 9 de noviembre, se les reprime por medio de turbas armadas de palos y de piedras; a quienes se pronuncian en contra de los actos a veces impredecibles, y a veces no, del comandante Ortega y de su esposa, se les cubre de injurias y calumnias en los medios oficiales, lodo, escupitajos verbales, huevos podridos. A los que escribimos, se nos reprime con el silencio.

Pero no se trata solamente de mí, porque no soy el primero, y desgraciadamente no seré el último. A Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, que crearon la música de la revolución, se les niega los derechos de autor sobre sus canciones, bajo el alegato estalinista, desaforado, de que esas canciones quien las compuso es el pueblo, y ellos sólo fueron intermediarios, o amanuenses, de la inspiración popular. A Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense vivo más importante de Nicaragua, lo condenaron como culpable de injurias y calumnias en un juicio impostado. A Gioconda Belli, que acaba de recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria del Libro de Guadalajara, la enlodan todos los días con diatribas soeces que parecen brotar de manera interminable de un albañal rebalsado. Al periodista Carlos Fernando Chamorro, que denuncia con firmeza en su programa de televisión los actos de corrupción amparados en el poder, le echaron encima a unos fiscales que descerrajaron las puertas de sus oficinas, las tomaron por asalto, y se llevaron secuestrados archivadores y computadoras, y no terminan de decidir qué clase de delitos van a inventarle para someterlo a juicio.

Triste amenaza la de cortarle la lengua a un escritor, en un país de escritores, donde siempre ha reinado con majestad la poesía. Y al querer cortarme la lengua a mí, se la cortan de paso a Carlos Martínez Rivas, que iba a ser conocido, por fin, por miles de miles de lectores en España.

No es sólo mi voz, ni mi lengua, ni son sólo mis libros, sin embargo, es la voz y la lengua del país la que está en juego. Está en juego si Nicaragua será en adelante un país silencioso, de ciudadanos sometidos al miedo, o si será un país democrático, donde todo el mundo pueda expresarse, decir lo que quiere, en público y en privado, escribir sin miedo, salir a las calles a protestar sin temor a palos y pedradas. Un país donde el voto de los ciudadanos sea contado con transparencia, o un país donde la regla sean los fraudes electorales.

“Ningún gobierno puede arrogarse la potestad de vetar o prohibir la palabra de un escritor, y un acto semejante no puede calificarse sino de totalitario”, dice el manifiesto encabezado con las firmas de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Fernando Savater, Tomás Eloy Martínez y Juan Gelman. Y librarnos del totalitarismo sólo será posible defendiendo la lengua del filo del cuchillo.

Voy a defender mi palabra con las palabras. La mía, y la palabra de los demás.

Fuente: Diario la Prensa, Managua. Nicaragua

COSTA RICA

¡Colonialistas! Si si: colonialistas, fue como nos llamó la historiadora y actual diputada Elizabeth Fonseca, al tratar de analizar la situación laboral de las empleadas domésticas en Costa Rica. Luego de 500 años, habría que preguntarse qué fue lo que nos quiso decir la señora diputada.  Como bien sabemos, los historiadores tienen esa manía de poner todo en contexto: las circunstancias y sus personajes. Es decir, pareciera que no existen para estos profesionales de las Ciencias Sociales: textos sin contextos. Al analizar la situación laboral en que se encuentran 70.000 adultas y 60.000 adolescentes, un 95% de ellas mujeres, la diputada Fonseca Corrales, premio nacional Aquileo J. Echeverría, hizo lo que corresponde: poner en contexto el fenómeno. En un contexto más amplio: el del continuum de nuestra historia patria. El paralelismo emerge porque luego de 500 años, este grupo numeroso de trabajadoras, aún se encuentra en situación de desigualdad y desventaja frente al resto de trabajadores.
El gremio de trabajadoras domésticas soporta circunstancias similares a las que vivía la servidumbre durante los casi dos siglos y medio que duró el período colonial. Recordemos que la “encomienda de servicios” o lo que es lo mismo la servidumbre, fue una de las formas más oprobiosas, sino la más, de la estructura productiva del periodo colonial.
Semejante resabio colonial tiene su origen en la dicotomía que establece una relación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. O, lo que es lo mismo, una relación entre lo que se ha dado en conocer como: formas laborales públicas y privadas –formas de la economía públicas y privadas. Ambas han sido etiquetadas, la una como perteneciente a la esfera de “la economía” y, la otra, como  propia de la esfera de “la familia”. La primera es percibida como el lugar donde se “trabaja”, mientras que la segunda, como el lugar donde no se trabaja. De acuerdo con la doctora Jacqueline Goodnow, debemos reconocer –-como en otras partes del mundo—la arbitrariedad que lleva implícita semejante dicotomía. Para la doctora Goodnow, definir el trabajo solamente en términos de “trabajo” versus ”no trabajo” es estrecho, limitado y, por tal, obedece a una visión simplista del fenómeno. Máxime cuando al trabajo en la esfera privada: la familia, se le asocia con “ocio” o, como una actividad de los ratos perdidos. Dichas asunciones son parte de la segregación por sexo de la fuerza laboral de un país. El trabajo doméstico visto así no merece ser reconocido como un trabajo más con sus obligaciones y derechos. Derecho a jornada digna. Derecho a días libres. Derecho al respeto frente a patronos y patronas, entre otros derechos.
Unos días después, en otro foro, la diputada Fonseca Corrales nos contó una anécdota relacionada con su experiencia académica internacional. Mientras supervisaba tesis de maestría y doctorado en el Instituto de Romanística, de la Universidad de Bergen, y al preguntarle a un estudiante cuál era el tema para su tesis, el joven contestó que quería estudiar “la explotación del servicio doméstico en Costa Rica”. ¡Vaya situación debió de haber sido esa! A veces enterarnos de cómo nos perciben “los otros” desde afuera puede contribuir a que caigamos en la cuenta. No es fácil oír que nos digan, desde afuera, que en nuestro país se violan los Derechos Humanos básicos de un sector de la colectividad de trabajadoras. Debemos entender, por ello, el contexto socio-histórico en el que se mueve el estudiante de maestría en Noruega, pues en Noruega, el primer país en desarrollo humano del mundo, no existe el trabajo doméstico. Es tal el oprobio, que ha sido relegado para no ser retomado. Ni siquiera por la población migrante.

Heidi Venegas
Asesora parlamentaria Partido Acción Ciudadana

Para defender los fraudulentos resultados de las recientes elecciones municipales del 9 de noviembre en Nicaragua, Daniel Ortega no encontró mejor salida que instaurar la anarquía en varios sitios del país. Para acallar las protestas de la población al conocerse las evidencias del fraude, mandó a sus seguidores para que impidieran con lluvias de piedras y amenazas de palos que ésta se manifestara.

Para quienes siguieron de cerca la Revolución Sandinista en los años 80, resulta difícil entender lo que sucede. Figuras emblemáticas de aquellos años, como Ernesto Cardenal, Dora María Téllez, Sergio Ramírez, han denunciado que en el país se está gestando otra dictadura. A menudo, he comprobado el desconcierto de quienes apoyaron con su solidaridad lo que semejaba entonces una gesta de David contra Goliat. Preguntan sorprendidos: ¿qué le ha pasado a Daniel Ortega? ¿Cómo fue que cambió tanto? Confieso que me da un poco de vergüenza responderles. Para muchos de los que formamos parte de aquella masa intrépida que derrocó a la tiranía somocista el 19 de julio de 1979, los bandazos y arbitrariedades de Ortega eran un secreto a voces que guardábamos en casa. Atribuíamos ese comportamiento a su falta de experiencia, al poco don de gentes de su inescrutable personalidad, al impacto psicológico de los siete años que pasó en la cárcel. Lo aclamábamos en medio del fervor idealista, pero en la intimidad criticábamos su constante necesidad de ser desafiante sin medir las consecuencias. Nuestro consuelo era saber que, aunque el mundo lo considerara el líder de la revolución, en realidad él era solamente uno más.

La dirección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Gobierno revolucionario era colectiva y varios de los nueve hombres que conformaban el directorio eran personas capaces e ilustradas cuya autoridad era un contrapeso a la peculiar manera del presidente de hacer política. Recuerdo incluso una conversación que sostuve, antes del triunfo de la revolución nicaragüense, con Fidel Castro. Cuando le reclamé su aparente preferencia por la facción dirigida por los hermanos Ortega, Humberto y Daniel -el FSLN se encontraba dividido entonces en tres grupos-, Fidel me contestó diciendo que precisamente porque las ideas y la disposición de los Ortega era menos predecible, él consideraba que no podía dejarlos solos. No sé qué pensará Fidel ahora.

La supremacía de Daniel Ortega entre aquel grupo de primus inter pares fue asentándose gracias, en gran medida, al poder indiscutible que la llamada Guerra de la Contra, confirió a su hermano, Humberto, el comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista. Más astuto que Daniel, su habilidad para salirse con la suya a cualquier costo le había ganado el sobrenombre de Puñal. Durante los 10 años que duró la Revolución, Humberto Ortega fue inclinando el fiel de la balanza a favor de su hermano hasta asignarle un protagonismo que justificaba con el argumento de que la autoridad de un presidente confería institucionalidad a la revolución. Ni él mismo, creo, imaginó lo aventajado que resultaría su hermano como aprendiz de sus mañas.

Paradójicamente, la hora más alta de Daniel Ortega no sobrevino en ninguno de sus momentos de triunfo, sino ante la inesperada derrota del FSLN en las elecciones de 1990, las más vigiladas en la historia del país. En el discurso en que concedió la victoria a su contrincante, Violeta Chamorro, destacó la trascendencia de aceptar la voluntad popular, aun cuando la guerra financiada por Ronald Reagan, hubiese puesto al pueblo de Nicaragua a votar con una pistola en la sien. No quedó ojo seco entre quienes lo escuchaban, fuera por tristeza o por alivio. Al día siguiente, sin embargo, Ortega cambió su tono conciliador y ante una azorada multitud prometió “gobernar desde abajo”.

El debate sobre lo que esto significaba para un FSLN en la oposición fue el origen de la primera gran fractura interna del sandinismo. Ortega y tras él las disciplinadas estructuras partidarias reclamaban que jamás renunciarían al derecho a ejercer la violencia “revolucionaria”, que hacerlo era traicionar al pueblo. La otra posición planteaba que el partido debía adaptarse a las nuevas condiciones del mundo. La caída del bloque socialista demostraba el fracaso de la “dictadura del proletariado”. El país requería una izquierda moderna que descartara la violencia como método de resolver diferencias y se apuntara con brío a radicalizar la democracia y abogar por los intereses populares respetando la diversidad y las leyes.

Las acusaciones de los sectores más dogmáticos contra quienes sosteníamos estas ideas no se hicieron esperar. A los disidentes se nos endilgaron adjetivos que iban desde cobardes hasta traidores. Daniel Ortega dirigió la embestida y se erigió como el único capaz de preservar la amenazada unidad. Renovó así el discurso de confrontación de los años 80, esta vez contra los miembros de su propio partido. Mientras tanto, en la práctica, él y otros dirigentes como Bayardo Arce y Tomás Borge, se encargaban de asegurar la supervivencia económica del FSLN y de ellos mismos, distribuyendo propiedades del Estado y otros recursos y acumulando fortunas personales.

La llamada piñata sandinista fue vergonzosa. Si bien la propiedad de la tierra fue legalizada a las cooperativas, en un acto de democratización del área propiedad del pueblo compuesta por los bienes confiscados a Somoza y la dictadura, cuadros sandinistas alertados sobre el valor de estas tierras, las compraron a los cooperados y pasaron a ser dueños, entre otras cosas, de las anchas costas del Pacífico nicaragüense que hoy son vendidas a inversores europeos y norteamericanos por millones de dólares. La piñata causó nuevas deserciones en el interior del FSLN por desacuerdos éticos, pero generó, al mismo tiempo, complicidades estrechas ya no basadas en ideales y sueños, sino en negocios o en el mutuo encubrimiento. El FSLN se apropió de emisoras de radio y equipos de televisión. Fundó un banco y formó empresas usando los nombres de cuadros leales que también se enriquecieron.

Esta incursión en el mundo de los negocios no impidió, sin embargo, que continuara el discurso populista. Y fue este divorcio entre el discurso y la práctica lo que, en 1999, le permitió pactar la división del país con el entonces presidente y jefe máximo del Partido Liberal Constitucionalista, Arnoldo Alemán. Acusado de corrupción, Alemán se encontraba en una posición de debilidad. Para asegurar su supervivencia política aceptó el pacto con Ortega. Se amplió el número de magistrados y miembros de la Corte Suprema, del Consejo Electoral, de la Contraloría, de la Asamblea Nacional para incluir a los sandinistas y se inició un cogobierno. Eventualmente, Ortega le arrancó a Alemán la concesión clave: bajar el porcentaje de votos necesario para ser electo presidente de un 45% a un 35%.

Hecho esto, Ortega escenificó el regreso del hijo pródigo a los brazos de la Iglesia católica, a quien atribuía una influencia decisiva en sus previas derrotas electorales. Empezó a visitar a su antiguo némesis, el cardenal Miguel Obando y Bravo. Poco después, éste ofició la misa en que el líder sandinista se casó por la iglesia con su compañera de vida, Rosario Murillo (cuya hija lo acusó en 1998 de abuso sexual desde los 11 años), y sus discursos se llenaron de frases bíblicas y alabanzas a Dios. Como ofrenda final, Ortega apoyó la revocación de una disposición constitucional del siglo XIX que autorizaba la interrupción del embarazo si hacía peligrar la vida de la madre.

Tras tres intentos fallidos, el tozudo comandante logró coronar su ambición de regresar a la presidencia el 10 de enero de 2006, al alcanzar una votación del 38%. Su actitud desde entonces y en las recientes elecciones municipales parece indicar que esta vez no está dispuesto a jugarse el poder más que en simulacros democráticos cuyos resultados le favorezcan.

Mientras escribo esto, la carretera de acceso a mi casa está cortada por grupos de choque orteguistas. Apostados allí, intentan impedir que medios y diplomáticos lleguen a una iglesia donde Eduardo Montealegre, el candidato a alcalde de Managua por la oposición, mostrará las actas de votación que demuestran el fraude perpetrado en su contra. Aparentemente, para salirse con la suya, Daniel Ortega también está dispuesto a incendiar el país. Lo mismo hizo Somoza en 1979. El revolucionario se ha convertido en su propia antítesis.

Fuente: El País, España

NICARAGUA

ANTE EL DETERIORO DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS, REPORTEROS SIN FRONTERAS ESCRIBE AL PRESIDENTE DANIEL ORTEGA

Sr. D. Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República

Managua, Nicaragua

Señor Presidente,

Reporteros sin Fronteras, organización mundial de defensa de la libertad de prensa, quiere manifestarle su preocupación a raíz de los recientes acontecimientos que han afectado a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Una situación que refleja un serio deterioro del estado de las libertades públicas en su país. Situación que a Usted como garante de los principios constitucionales fundamentales, le incumbe resolver.

En primer lugar nos sentimos indignados por la culpable pasividad mostrada por las fuerzas del orden, el 16 de octubre de 2008, cuando algunos miembros de los Comités del Poder Ciudadano (CPC), instancia coordinada por su esposa, la Señora Rosario Murillo, agredieron delante de la Fiscalía a unos representantes del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh). Vilma Núñez, presidenta ejecutiva del Cenidh, escapó por poco a los actos de violencia, aún mas intolerables tratándose de una señora de 70 años de edad. Héctor Calero, encargado de comunicación del Cenidh, y a su hermano, Camilo Calero, reportero de imágenes de la televisión privada Canal 12, fueron duramente golpeados en el suelo antes de que Dino Andino, de Canal 2, y los abogados Norwin Solano y Gonzalo Carrión, fueran agredidos a su vez al intentar interponerse. Los policías presentes ni siquiera se dignaron en responder a los pedido de auxilio de las víctimas y ninguna voz, procedente de la justicia o del gobierno, se ha alzado para condenar esas actuaciones.

Este episodio se produjo cuando los miembros del Cenidh acompañaban a la señora Cecilia Millán, representante de OXFAM-Gran Bretaña en Nicaragua, a la sede de la Fiscalía donde tenía que entregar unos documentos contables de su organización. La convocatoria era consecuencia de las acusaciones de “triangulación” y “lavado de dinero” que enfrentan diecisiete ONG’s y, en este caso preciso, al Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), con los que OXFAM-Gran Bretaña tiene un acuerdo de cooperación. En un comunicado, fechado del 10 de octubre de 2008, Reporteros sin Fronteras ya había manifestado su preocupación por las consecuencias de la campaña mediática de calumnias dirigida contra los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro, directores de CINCO y MAM respectivamente. La cita en la fiscalía de esas dos personas, y el allanamiento de sus oficinas en el marco de una acción judicial emprendida a petición del Ministerio del Interior, estuvieron llenos de irregularidades y se llevaron a cabo en un clima de violencia e intimidación, inadecuado para el ejercicio sereno e imparcial de la justicia.

La caza de brujas contra algunas ONG y medios de comunicación privados, a los que se acusa de querer “desestabilizar al gobierno” o “trabajar por cuenta de la CIA” - unas acusaciones peligrosas para la integridad física de las personas a quienes van dirigidas -, tiene otras preocupantes consecuencias para la libertad de expresión. Por ejemplo, han llevado al periodista y editorialista Edgar Tijerino a renunciar a sus comentarios políticos que, desde hace décadas, acompañaban la vida de los oyentes de programas deportivos en Nicaragua. Y esos ataques son aun más odiosos porque han ido dirigidos a su esposa, Auxiliadora Mercado, que siempre se ha mantenido alejada del debate público.

La caza de brujas se ha puesto de manifiesto también en los actos intimidatorios por parte de militantes del CPC al diario La Prensa, que está siendo objeto de procedimientos judiciales por “injurias” y “calumnias” impulsados por tres diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN). Las “injurias” y “calumnias”, imputadas también por los mismos a Santiago Aburto, del Canal 12, y a Jaime Arellano, antiguo presentador del Canal 2, no tienen nada que envidiar a las incesantes diatribas contra esos últimos, promovidas por funcionarios a través de Canal 4, afín a su gobierno.  La fiscalía citó a Jaime Arellano el 8 de octubre de 2008 por haber realizado en el pasado mes de agosto una entrevista al ex presidente mexicano Vicente Fox, que se ha considerado “ingerencia exterior los asuntos internos del país” en vísperas de las elecciones municipales del 9 de noviembre. Una acusación que pone de manifiesto la evidente voluntad de hacer que recaiga en el periodista la responsabilidad de unas declaraciones que, en el ejercicio de su trabajo, se ha limitado a transmitir. Si a Jaime Arellano le condenaran por ese motivo se habría dado un paso hacia el delito de opinión.

Finalmente, la satanización del ejercicio de la profesión tiene también repercusiones en la vida cotidiana de los profesionales de los medios de comunicación, como ha ocurrido con Oliver Gómez, de El Nuevo Diario, víctima de la medida arbitraria de parte de un funcionario del Ministerio de Salud Pública, quien se negó a ponerle la vacuna que “éste representante de la oligarquía” necesitaba para poder viajar al extranjero. Un castigo que, también en este caso, es el resultado de la campaña que instiga a tomar represalias de forma individual en contra de cualquier colaborador de un medio considerado no conforme a la opinión oficial. Una práctica de ostracismo particularmente grave, en la medida que da paso a todos los abusos, en todos los niveles del poder. Y que también cuestiona seriamente el principio de igualdad de todos los ciudadanos del país, y su derecho a no verse discriminados.

Por todo ello le pedimos que haga que cesen las campañas de odio y suspicacias, incluso las que se dan en el terreno judicial, que garantice la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación y que haga todo lo necesario para garantizar el derecho a informar libremente. Esperamos también que los responsables de la violencia sean procesados y condenados, sean cuales sean sus vínculos partidistas. Reporteros sin Fronteras está en disposición de apoyar cualquier iniciativa que contribuya a restablecer la paz civil, sin la cual el ejercicio de los derechos democráticos resulta irrealizable.

Agradeciéndole la atención que pueda prestar a esta carta le ruego, Señor Presidente, acepte  la expresión de mi mayor consideración.

Jean-François Julliard
Secretario general